Gobierno central y Junta de Andalucía avanzaron hoy que la orden dotada con 120 millones de euros al 50 por ciento y destinada a incentivar la reestructuración y mejora de los invernaderos en Almería y Granada se dirige "mayoritariamente" a las explotaciones de tomate para, de este modo, "intervenir de forma directa en el impacto" que puedan tener los acuerdos de asociación con terceros países como el aún sin ratificar entre la UE y Marruecos.

Así lo aseguró en rueda de prensa la consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, quien, acompañada por el secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Josep Puxeu, detalló que la especificidad de las ayudas, que no excluye otros cultivos, no es "baladí" sino que se enmarca dentro de las compensaciones que, por los citados acuerdos, se están articulando para el sector hortofrutícola.

Destacó, en esta línea, que ambas administraciones son "especialmente sensibles" al impacto del acuerdo de asociación UE-Marruecos, que cuenta con la fuerte oposición de las organizaciones agrarias al incluir cultivos específicos de la zona oriental de Andalucía, por lo que se pretende con las ayudas, a tres años, "reforzar" su posición a través de la mejora de la "productividad" que, ahondó Aguilera, en "de media" baja en las explotaciones bajo plástico.

Puxeu, que precisó que la orden se presentará ante la conferencia sectorial en julio y estaría disponible antes del verano para cubrir las necesidades en la demanda de reforma de invernaderos, advirtió de la necesidad de mejorar tanto la capacidad competitiva, como la calidad en el trabajo y el aumento del rendimiento de las fincas.

Frente a ella, y a preguntas de los periodistas sobre la campaña iniciada por COAG en el Parlamento Europeo (PE) para evitar la ratificación de acuerdo UE-Marruecos, aseguró que la postura de la Administración central es la de exigir, "y así estamos haciendo y lo vamos a hacer", la mejora del control sobre los calendarios y los contingentes fijados para las exportaciones del país alauí y el cumplimiento de las cláusulas sobre los productos sensibles.

Según afirmó, "lo que toca en este momento es vigilar que se cumplan y hacer cumplir las especificaciones del acuerdo y, sobre todo, por que no haya elementos de distorsión con respecto a países terceros en lo que se refiere a productos fitosanitarios, entrada en puertos y aeropuertos, el seguimiento a los contingentes y el cumplimiento de los precios de entrada".

PAC

La titular andaluza de Agricultura exigió, en esta línea, que la Comisión Europea (CE) aplique la cláusula de salvaguardia en los acuerdos de asociación en casos de sobreproducción para evitar "la saturación de los mercados y la consiguiente bajada de los precios en origen".

Puxeu y Aguilera participaron hoy en una mesa redonda con el sector sobre el futuro de la PAC, donde abogaron por no renacionalizar las ayudas en la próxima Política Agraria Común (PAC) 2014-2020 ya que significaría "desmantelamiento" al tiempo que transmitieron que el objetivo es seguir manteniendo una "agricultura de futuro".

En su discurso, la consejera argumentó que una Europa "fuerte" se sustenta en una política común, en la que las regiones tengan mayor capacidad de intervención en sus territorios para seguir manteniendo una agricultura de futuro, además de propiciar la cohesión territorial. A su juicio, la agricultura no puede ser tratada en Bruselas como un sector económico más "sino como una actividad estratégica con muchos más matices".

De los mecanismos de gestión de mercados destacó que "no funcionan todo lo bien que sería deseable" ya que no actúan como "una red de seguridad suficiente ante la volatilidad de los mercados" como les correspondería y, en concreto, se refirió a los mecanismos de gestión de los mercados de las frutas y hortalizas indicando que "tampoco funcionan bien" por lo que "hay que pensar en reorientarlos apelando a las organizaciones interprofesionales y aumentando sus posibilidades de actuación", concluyó.