Asaja-Murcia reclamó hoy a los europarlamentarios de las Comisiones de Agricultura, Empleo, Desarrollo Regional y Comercio Internacional su voto en contra de la renovación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, que está pendiente de ratificación en el Parlamento Europeo.

Asimismo, las organizaciones firmantes en las cartas dirigidas a la atención de estos 250 europarlamentarios mostraron su "gran preocupación" ante el desenlace del proceso de negociación para el acuerdo de libre comercio y su impacto en el sector hortofrutícola europeo.

Rogaron, por tanto, a los representantes políticos comunitarios que "pongan en marcha las acciones que estén en su mano y que estimen convenientes en defensa de los agricultores europeos, sus organizaciones de productores y cooperativas".

Tal y como se afirma en el contenido de la carta, "el aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas es gravemente lesivo para el sector de la UE, más aún cuando se tiene constancia de la vulneración continuada del acuerdo en vigor".

Es por ello por lo que consideran los firmantes que "no se han de ampliar las concesiones a Marruecos mientras no se asegure el seguimiento, control y cumplimiento estricto del acuerdo en vigor y por lo tanto no debe ser ratificada ninguna renovación del mismo".

A tenor de la situación, agricultores españoles, franceses e italianos resaltaron la necesidad de que "es imprescindible potenciar y coordinar los controles aduaneros de entrada de los productos de terceros países a la UE en los distintos Estados miembros para asegurar que se cumplen los acuerdos".

Así mismo, abogó por "reformar el régimen de precios de entrada de la UE para mejorar su funcionamiento e impedir que se produzcan fraudes en las importaciones".

Por otro lado, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los países terceros mediterráneos, "se considera necesario condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países".

En opinión del secretario general, Alfonso Gálvez Caravaca, supondría "un golpe definitivo para el campo murciano y pondría en serias dificultades la supervivencia de las empresas del sector hortofrutícola".