El Senado ha instado este lunes al Gobierno, a iniciativa del PP, a que "siga intensificando" las gestiones ante el Ejecutivo marroquí para que "se puedan acometer de inmediato" las obras del paso del Biutz, zona neutral fronteriza con Ceuta y donde fallecieron dos porteadoras en una avalancha humana hace poco más de un año.

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta ha aprobado por asentimiento una enmienda pactada entre todos los grupos a una moción presentada por la senadora 'popular' por Ceuta Luz Elena Sanín.

El texto final señala que las obras en este paso deben permitir el tránsito por el paso "con la mayor garantía de seguridad a todas aquellas personas que procedentes" de Marruecos "se ven compelidas a hacer uso permanente del mismo por motivos socioeconómicos y familiares".

Durante la defensa de la iniciativa, Sanín subrayó que en este "túnel cercado de alambres" de "escasos metro y medio de ancho y treinta de largo" se juegan la vida "hasta 30.000 personas" que lo cruzan cada día "sin ninguna garantía de seguridad" para comprar mercancía en Ceuta e introducirla en fardos en Marruecos varias veces en una misma jornada "por tres o cuatro euros" de ganancia en cada viaje.

La senadora 'popular' recordó que entre Ceuta y Marruecos "no existe como en Melilla una aduana comercial" con el reino alauí que permita un "comercio regular". Esta es la razón, añadió, de que esos 30.000 porteadores utilicen el paso del Buitz varias veces al día.

Sanín advirtió de que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español les es "imposible contener las avalanchas humanas que se forman" alrededor de este paso.

A pesar de que el Grupo Socialista votó a favor de la iniciativa, su portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores, José Carracao, consideró que sería mejor negociar la apertura de un nuevo paso para los porteadores y el cierre del Biutz, "que no admite ninguna posibilidad de reforma ni de ampliación".

Carracao afirmó que el paso fronterizo del Biutz constituye probablemente "el principal problema de orden público al que puedan enfrentarse las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado