El Gobierno colombiano estudió la posibilidad de cargarle a Ingrid Betancourt, la antigua candidata presidencial que estuvo secuestrada por las FARC durante más de seis años, el coste del operativo militar que permitió su liberación después de que ésta anunciara recientemente que pediría una indemnización millonaria al Estado por supuestas dejaciones en la seguridad que habrían permitido su secuestro.

Betancourt pidió por este motivo una indemnización por valor de 15.000 millones de pesos colombianos (unos 6,3 millones de euros), pero tras la enorme reacción de indignación entre la opinión pública y el Gobierno que siguió a esta petición, la ex candidata presidencial anunció que no demandaría en modo alguno a las autoridades.

Según la emisora Caracol Radio, el Gobierno ordenó a sus servicios jurídicos que analizaran la petición de conciliación extrajudicial planteada por Betancourt, y se contempló la posibilidad de cargarle a la ex candidata presidencial los gastos de la 'Operación Jaque', en la que el Ejército la liberó junto a otras 14 personas.

También se pensó en cargarle el coste de dos operativos previos de Inteligencia que fueron necesarios para el desarrollo satisfactorio de la 'Operación Jaque'.

La base que utilizaron los servicios jurídicos del Estado fue la decisión de un tribunal alemán, que determinó que la ciudadana germana Reinhilt Weigel tenía que pagar a su Gobierno los gastos que supuso su liberación de manos del grupo rebelde colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que la mantuvo retenida durante 74 días en 2006.

La Justicia alemana dictaminó que Weigel había de pagar 12.640 euros por el vuelo en helicóptero que la sacó del lugar de la selva donde permanecía confinada.

Se da la circunstancia de que Weigel había ignorado las recomendaciones de su Gobierno de no viajar a la cordillera colombiana de Santa Marta (norte), adonde sin embargo ella viajó para visitar unas ruinas taironas, por el riesgo de ser secuestrada.

En el caso de Betancourt, el Gobierno ha reiterado que ésta se internó en 2002 en la zona de Caquetá (sur) donde fue secuestrada a sabiendas del grave peligro de secuestro que había, ya que dicha región había sido habilitada como zona de distensión por el Gobierno de Andrés Pastrana para llevar a cabo conversaciones de paz con las FARC.

CLARA ROJAS PENSÓ EN DEMANDAR

Por otro lado, Clara Rojas, colaboradora de Betancourt que fue secuestrada al mismo tiempo que ella, en 2002, pero que fue liberada unos meses antes, reconoció en declaraciones a Caracol Radiol que también ella pensó en demandar a numerosas personas e instituciones tras su puesta en libertad, pero que finalmente resolvió que era mejor no hacerlo.

"Descarté de plano el hecho de poder demandar al Estado, incluso descarté el hecho de demandar a la propia Ingrid y también descarté la posibilidad de demandar a la empresa norteamericana Chiquita Brand por apoyo a las FARC", afirmó Rojas.

La antigua colaboradora de Betancourt, además, afirmó que incluso hubo personas que le recomendaron demandar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuyo Gobierno, según el contenido de los ordenadores del guerrillero fallecido 'Raúl Reyes', colaboró con las FARC.

Pero Rojas afirmó que decidió no hacerlo, pues afirma que Chávez trabajó en favor de su liberación.