El estado de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, instó el martes a un juez federal que rechace el intento del Gobierno federal de revocar su nueva ley de inmigración, por considerar que las autoridades del estado fronterizo con México están actuando de acuerdo con sus poderes.

La denominada 'Ley Arizona', que entrará en vigor el próximo 29 de julio, permite a las fuerzas de seguridad estatales y locales investigar la situación legal de todas las personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales, lo que, según denuncian algunas organizaciones, criminaliza al extranjero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó a principios de este mes una demanda judicial con la que busca bloquear la ley de Arizona, debido a que el Gobierno federal sostiene que ésta socava la política exterior estadounidense y viola la Constitución del país, acusaciones rechazadas por abogados estatales.

"Arizona sólo busca asistir en la fiscalización de las leyes federales de inmigración ya existentes de una forma constitucional", aseguraron los abogados que representan a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en los documentos que presentaron el martes a última hora en un tribunal.

El Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, "es el que está intentando imponer políticas de inmigración y prioridades que contravienen y chocan con la ley federal y la voluntad inequívoca del Congreso", recoge el documento. El Departamento de Justicia declinó comentar el cuestionamiento del estado de Arizona.

La jueza de Distrito Susan Bolton escuchará el jueves los argumentos orales y podría emitir un mandato preliminar si decide en última instancia que el Gobierno tenga éxito en su campaña para que la ley sea revocada.

En un comunicado, Brewer dijo que "confía en que el tribunal rechazará el intento del presidente Barack Obama de evitar que nuestro estado proteja a sus ciudadanos debido a su fracaso en hacer cumplir las leyes federales de inmigración".

"Mis documentos dejan hoy claro que el Gobierno federal no sufrirá daño si (la ley) es implementada porque ésta sólo establece que los oficiales del orden público de Arizona actúen de acuerdo con su autoridad constitucional y la política federal establecida por el Congreso", agregó Brewer.

Arizona sostiene que el Gobierno federal no ha conseguido asegurar la frontera, que la mitad de los inmigrantes ilegales del país llegaron a través de este estado y que los inmigrantes ilegales que han cometido delitos representan el 17 por ciento de la población penitenciaria de Arizona.